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El Salvador aceptó albergar a criminales violentos de Estados Unidos y recibir deportados de cualquier nacionalidad, anunció este lunes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un acuerdo sin precedentes –y legalmente problemático– que ha alarmado a críticos y grupos de derechos humanos.
Rubio dio a conocer el acuerdo tras reunirse con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el marco de una gira por varios países centroamericanos destinada a consolidar el apoyo regional a la política migratoria de la administración Trump.
“En un acto de extraordinaria amistad hacia nuestro país… (El Salvador) ha aceptado el acuerdo migratorio más extraordinario y sin precedentes en cualquier parte del mundo”, dijo Rubio a los periodistas este lunes.
El país seguirá aceptando deportados salvadoreños que entraron ilegalmente en EE.UU., dijo. También “aceptará para su deportación a cualquier extranjero ilegal en Estados Unidos que sea un criminal de cualquier nacionalidad, ya sea de la MS-13 o del Tren de Aragua y los alojará en sus cárceles”, dijo en referencia a dos notorias bandas transnacionales con miembros de El Salvador y Venezuela.
Además, Bukele “se ofreció a alojar en sus cárceles a peligrosos delincuentes estadounidenses detenidos en nuestro país, incluidos los que tienen la ciudadanía estadounidense y los residentes legales”, dijo Rubio.
Sin embargo, no está claro si el Gobierno estadounidense aceptará la oferta, ya que existen dudas sobre la legalidad de tales movimientos. Cualquier intento de la administración Trump de deportar a ciudadanos estadounidenses encarcelados a otro país se enfrentaría probablemente a una importante oposición legal.
“Estados Unidos tiene absolutamente prohibido deportar a ciudadanos estadounidenses, ya sea que estén encarcelados o no”, dijo a CNN por correo electrónico Leti Volpp, profesora de Derecho en la Universidad de California en Berkeley que se especializa en leyes de inmigración y teoría de la ciudadanía.
Bukele confirmó el acuerdo con Rubio en X, y dijo en una publicación: “Estamos dispuestos a recibir solo a criminales convictos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos) en nuestra mega prisión (CECOT) a cambio de una tarifa”.
El Centro de Internamiento de Terroristas de El Salvador, comúnmente conocido como CECOT, es la prisión más grande y nueva del país, con una capacidad máxima de 40.000 reclusos.
“La tasa sería relativamente baja para EE.UU. pero significativa para nosotros, haciendo sostenible todo nuestro sistema penitenciario”, añadía.
A Bukele se le atribuye el mérito de haber reducido en gran medida la violencia de las bandas en el país centroamericano desde que en 2022 puso en marcha una amplia campaña de represión que llevó a la cárcel a más de 81.000 personas. Pero mientras que la tasa de criminalidad del país cayó, el tratamiento de los encarcelados ha desatado la indignación entre las organizaciones de derechos humanos que califican las prisiones de El Salvador de inhumanas.
La advertencia de viaje del Departamento de Estado para El Salvador también afirma de que las personas encarceladas en el país se enfrentan a condiciones penitenciarias “duras”, sin acceso al debido proceso.
“El hacinamiento constituye una grave amenaza para la salud y la vida de los presos”, dice la advertencia. “En muchas instalaciones, las provisiones de saneamiento, agua potable, ventilación, control de temperatura e iluminación son inadecuadas o inexistentes”.
Aquellos dentro de la administración Trump y los aliados del presidente se han apresurado a elogiar el anuncio, con Elon Musk llamándolo una “gran idea” en una publicación en X. Pero los grupos de derechos condenaron el acuerdo, y los críticos advirtieron de que tal plan podría ser parte de un retroceso democrático.
Un destacado grupo de defensa de los derechos de los latinos dijo que era “un día triste para Estados Unidos” en una declaración a CNN tras el anuncio de este lunes.
Román Palomares, presidente nacional y presidente de la junta directiva de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), dijo que el grupo “se opone a tratar a los migrantes no criminales deportados como ganado que puede ser trasladado de un país a otro sin tener en cuenta su hogar de origen”.
En declaraciones a CNN antes del anuncio, la profesora del Emerson College Mneesha Gellman dijo que EE.UU. estaba “esencialmente proponiendo enviar a la gente a un país que no es el país de origen ni es necesariamente el país por el que pasaron”.
“Es una propuesta extraña y sin precedentes que se hace potencialmente entre dos líderes autoritarios, populistas y de derecha que buscan una relación transaccional”, dijo Gellman, académica de política internacional. “No está arraigada en ningún tipo de disposición legal y probablemente viola una serie de leyes internacionales relacionadas con los derechos de los migrantes”.
Manuel Flores, secretario general del partido izquierdista salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, también condenó la medida este lunes. “¿Qué somos? ¿Patios traseros, patios delanteros o basureros?”, dijo en rueda de prensa, refiriéndose tanto a El Salvador como a otros países centroamericanos que reciben a los migrantes expulsados por Estados Unidos.
Cara a cara con los reclusos de una prisión de máxima seguridad en El Salvador
La vasta y violenta represión de Bukele contra las bandas se ganó la admiración de la administración Trump, que puso en el punto de mira tanto a la MS-13 como al Tren de Aragua en recientes redadas.
Trump afirmó en repetidas ocasiones, sin pruebas, que las bandas transnacionales violentas se estaban apoderando de las ciudades estadounidenses, y utilizó a ambas bandas como tema de conversación frecuente para justificar las políticas de inmigración de línea dura y la seguridad fronteriza.
El presidente firmó un decreto el mes pasado nombrando específicamente a la MS-13 y al Tren de Aragua, citando sus “campañas de violencia y terror en Estados Unidos y a nivel internacional” como amenazas a “la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental”.
Los decretos incluían una recomendación para que el Departamento de Estado iniciara el proceso de designación del Tren de Aragua como organización terrorista extranjera.
Este viernes, el enviado especial de EE.UU. para América Latina, Mauricio Claver-Carone, insinuó el acuerdo entre EE.UU. y El Salvador, diciendo que los miembros de Tren de Aragua “querrán regresar a Venezuela en lugar de tener que compartir la prisión con las pandillas salvadoreñas como la MS-13. Es parte de lo que queremos lograr. Es parte de lo que queremos discutir y cómo el presidente Bukele puede ayudarnos”.
¿Qué tan grande es la megacárcel en El Salvador en comparación con otros centros penitenciarios de alta capacidad?
La medida se produce en medio de una rápida represión de la inmigración, con amplias franjas del gobierno federal movilizadas para arrestar y detener a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, y para despojar de protecciones a los migrantes que ya están en el país.
El acuerdo descrito por Rubio y Bukele para que El Salvador permita a EE.UU. enviar a este país a solicitantes de asilo que no sean salvadoreños se conoce como acuerdo de “tercer país seguro”.
Trump amenazó con tomar medidas contra las naciones que no acepten vuelos de sus nacionales procedentes de EE.UU., y se alejó brevemente de la posibilidad de una dañina guerra comercial con Colombia a causa de las repatriaciones.
Este viernes, Trump dijo que Venezuela había aceptado recibir a deportados venezolanos, incluidos miembros de bandas, un cambio de política después de que el presidente del país, Nicolás Maduro, también se hubiera negado anteriormente a acoger de vuelta a ciudadanos venezolanos. En general, Estados Unidos tampoco había podido enviar de vuelta a venezolanos debido a las frías relaciones.
El anuncio se produjo cuando Richard Grenell, el enviado de la Casa Blanca para misiones especiales, se reunió con Maduro en Caracas, lo cual es notable, ya que Washington no reconoce oficialmente la presidencia de Maduro, y los referentes opositores acusan al líder autoritario de haber robado las elecciones del año pasado.
La administración Trump también ha avanzado en la eliminación de las protecciones para 348.000 venezolanos que ya residen en E.UU., revocando la extensión de un estatus de protección temporal que protegía a los venezolanos de la deportación y les permitía permanecer en EE.UU. con permisos de trabajo.
Este artículo se actualizó con información adicional.
